TACHI IZQUIERDO, Tenerife
A la incertidumbre generada por el reparto de cartas para la regularización del Catastro se une ahora el ofrecimiento de algunos profesionales a los vecinos de Anaga para realizar esta documentación a precios que superan los 300 euros, cuando los responsables públicos dicen que se trata de un trámite sencillo y gratuito.
Primero fue el reparto masivo de cartas por toda la ciudad, en las que la Delegación del Catastro invitaba a los vecinos a actualizar sus propiedades y el abono del IBI, y ahora se ha implantado un nuevo temor que se ha extendido por el Distrito de Anaga. Desde hace algunos días, según los vecinos de distintos núcleos, "personas que se identifican como abogados o graduados sociales" les plantean una serie de servicios para actualizar su documentación, todo a cambio de unos honorarios que, según varias fuentes consultadas, "oscilan entre los 40 y los 400 euros".
El grado de inquietud que se ha implantado entre la población de esta zona de la capital ha llegado hasta tal punto, "sobre todo entre las personas mayores", que el asunto se abordó en el último tagoror del Distrito, y la propia concejal de la zona llegó a explicar que "cuando se pide determinadas cantidades a la gente por regularizar la documentación de sus viviendas y otras propiedades", es algo que, aclaró, "se puede subsanar con una simple documentación o elaborando un sencillo croquis con la superficie de cada propiedad, sin coste alguno".
En este sentido, Sheila Trujillo, quien dijo que se desconoce quiénes son las personas que están intentando "sacar partido del ambiente de confusión que se ha implantado en el Distrito", reconoció que esta circunstancia es una consecuencia del escrito en el que se plantea a los habitantes de la ciudad la necesidad de actualizar sus datos catastrales, aunque precisó que la oficina que preside ya ha puesto en marcha un programa a través del cual se presta asesoramiento a los vecinos.
En este sentido, Trujillo dijo que la iniciativa "Anaga Avanza" facilitará orientación a todos los vecinos del distrito que lo precisen, pues se ha contratado por espacio de seis meses a personal especializado en este tipo de trámites.
No obstante, advirtió a los habitantes de Anaga que en caso de que tengan alguna duda por un ofrecimiento para la actualización de la documentación, que "se pongan en contacto con su asociación de vecinos o con el Distrito", aunque añadió que "se ha aconsejado a los ciudadanos que no hagan caso a estos ofrecimientos".
Desde la Federación de Asociaciones de Litoral Anaguense (Fala), su presidente, Luis Febles, advirtió de la necesidad de que "se tomen todas las precauciones posibles para evitar que se pueda engañar a la gente de Anaga, sobre todo a las mayores y a quienes tienen menos conocimientos de estos aspectos catastrales".
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda del consistorio capitalino, Jaime Hernández-Abad, reconoció que su área estaba al tanto de esta situación que, al parecer, se produce cada vez que se lleva a cabo un proceso de regularización catastral como el que se está llevando a cabo en la ciudad.
No obstante, puntualizó que esta es una gestión que "no le debe costar nada a los vecinos y cuyos trámites no guardan ninguna complicación, pues los puede realizar cualquier persona acudiendo a las oficinas del Catastro".
Hernández-Abad reconoció que las gestorías o asesorías tienen su derecho a buscar trabajo, pero dijo que en el caso de la campaña emprendida para regularizar el padrón catastral por medio de un convenio "no está pensada, ni mucho menos, para el beneficio de nadie, ya que se trata de un trámite sencillo y sin coste añadido".
Primero fue el reparto masivo de cartas por toda la ciudad, en las que la Delegación del Catastro invitaba a los vecinos a actualizar sus propiedades y el abono del IBI, y ahora se ha implantado un nuevo temor que se ha extendido por el Distrito de Anaga. Desde hace algunos días, según los vecinos de distintos núcleos, "personas que se identifican como abogados o graduados sociales" les plantean una serie de servicios para actualizar su documentación, todo a cambio de unos honorarios que, según varias fuentes consultadas, "oscilan entre los 40 y los 400 euros".
El grado de inquietud que se ha implantado entre la población de esta zona de la capital ha llegado hasta tal punto, "sobre todo entre las personas mayores", que el asunto se abordó en el último tagoror del Distrito, y la propia concejal de la zona llegó a explicar que "cuando se pide determinadas cantidades a la gente por regularizar la documentación de sus viviendas y otras propiedades", es algo que, aclaró, "se puede subsanar con una simple documentación o elaborando un sencillo croquis con la superficie de cada propiedad, sin coste alguno".
En este sentido, Sheila Trujillo, quien dijo que se desconoce quiénes son las personas que están intentando "sacar partido del ambiente de confusión que se ha implantado en el Distrito", reconoció que esta circunstancia es una consecuencia del escrito en el que se plantea a los habitantes de la ciudad la necesidad de actualizar sus datos catastrales, aunque precisó que la oficina que preside ya ha puesto en marcha un programa a través del cual se presta asesoramiento a los vecinos.
En este sentido, Trujillo dijo que la iniciativa "Anaga Avanza" facilitará orientación a todos los vecinos del distrito que lo precisen, pues se ha contratado por espacio de seis meses a personal especializado en este tipo de trámites.
No obstante, advirtió a los habitantes de Anaga que en caso de que tengan alguna duda por un ofrecimiento para la actualización de la documentación, que "se pongan en contacto con su asociación de vecinos o con el Distrito", aunque añadió que "se ha aconsejado a los ciudadanos que no hagan caso a estos ofrecimientos".
Desde la Federación de Asociaciones de Litoral Anaguense (Fala), su presidente, Luis Febles, advirtió de la necesidad de que "se tomen todas las precauciones posibles para evitar que se pueda engañar a la gente de Anaga, sobre todo a las mayores y a quienes tienen menos conocimientos de estos aspectos catastrales".
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda del consistorio capitalino, Jaime Hernández-Abad, reconoció que su área estaba al tanto de esta situación que, al parecer, se produce cada vez que se lleva a cabo un proceso de regularización catastral como el que se está llevando a cabo en la ciudad.
No obstante, puntualizó que esta es una gestión que "no le debe costar nada a los vecinos y cuyos trámites no guardan ninguna complicación, pues los puede realizar cualquier persona acudiendo a las oficinas del Catastro".
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